Ley de Víctimas

septiembre 26, 2010

La Ley

Ponencia primer debate

A continuación el informe de ponencia del primer debate, del 2 de noviembre de 2010



Texto completo de la Ley

A continuación encuentra el texto completo de la Ley:



Puede descargar el texto de la ley a continuación: PROYECTO DE LEY DE VÍCTIMAS _FINAL_ radicado 27092010

Resumen general de la Ley

A continuación encuentra un resumen general de la Ley:

LEY DE MEDIDAS DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

El proyecto de Ley de Víctimas regula lo concerniente a la asistencia y reparación integral de las víctimas ofreciendo herramientas para que éstas reivindiquen su dignidad y asuman su plena ciudadanía.

Las medidas de asistencia y reparación para los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas no serán objeto del proyecto de Ley pues harán parte de Leyes específicas para cada uno de estos grupos étnicos, las cuales serán consultadas previamente a fin de respetar sus usos y costumbres, así como sus derechos colectivos.

1) PRINCIPIOS GENERALES. El proyecto de Ley establece como principios los derechos de las víctimas a ser reparadas por la violación de sus derechos humanos a través de la puesta en marcha de medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. El efecto reparador se brinda a través de servicios sociales que priorizan a la población víctima para prestarles reparación integral.

Desde la perspectiva de la víctima se establecen como esenciales los principios de dignidad, buena fe y enfoque diferencial. La dignidad es la protección, respeto y garantía de los Derechos Humanos por parte del Estado, el principio de buena fe se presenta al presumir, por parte del Estado, la buena fe de las víctimas y el enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su diversidad étnica, edad, género y condición de discapacidad.

Desde la perspectiva de la relación entre el Estado y la víctima, se resaltan los principios de corresponsabilidad y respeto mutuo. La corresponsabilidad es el conjunto de acciones del Estado, sociedad civil, comunidad internacional, la familia y la participación activa de las víctimas para superar su situación de vulnerabilidad y debilidad manifiesta. Todas las solicitudes de las víctimas se regirán siempre por el respeto mutuo y la cordialidad.

Desde la perspectiva del Estado, rigen los principios del carácter de las medidas transicionales y la sostenibilidad fiscal. Mediante el carácter de las medidas transicionales se establece que todo individuo que sea considerado víctima tiene derecho a la verdad, justicia, reparación y a que la violación de sus derechos fundamentales no se vuelva a repetir, con independencia de quién sea el responsable de los delitos. Las medidas de atención, asistencia y reparación, así como todas aquellas que han sido o que serán implementadas por el Estado con el objetivo de reconocer los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, no implican reconocimiento ni podrán presumirse o interpretarse como reconocimiento de la responsabilidad del Estado derivada del daño antijurídico imputable a éste en los términos del artículo 90 de la Constitución Nacional, como tampoco ningún otro tipo de responsabilidad para el Estado o sus agentes. El desarrollo de las medidas a que se refiere esta Ley, deberá hacerse en tal forma que asegure la sostenibilidad fiscal con el fin de darles, en conjunto, continuidad y progresividad, a efectos de garantizar su viabilidad y efectivo cumplimiento.

2) DEFINICIÓN DE VÍCTIMA. Se consideran víctimas a aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido perjuicios frente a sus derechos fundamentales o hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial, sufrimiento emocional, pérdida de la libertad, reclutamiento forzado de menores, pérdida financiera, desplazamiento forzado, como consecuencia de violaciones manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario. La condición de víctimas incluye al cónyuge, compañero/a permanente o pareja del mismo sexo y al familiar en primer grado de consanguinidad, cuando a la víctima le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. También se consideran víctimas a las personas cuyos derechos fundamentales se vieron comprometidos al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en el margen de la ley, su reparación económica corresponderá a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable y a las modalidades de reparación del proyecto de Ley de víctimas que no se encuentren contemplados en sus regímenes especiales. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados como víctimas, en ningún caso, para efectos del presente proyecto de Ley. Tampoco lo serán sus cónyuges, compañero/a permanente o pareja del mismo sexo ni los familiares en primer grado de consanguinidad y primero civil.

3) DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. Las víctimas son titulares en condiciones de igualdad de los derechos que confieren la Constitución y las Leyes a toda persona en Colombia. Además de los principios transicionales de verdad, justicia y reparación, las víctimas tendrán los siguientes derechos:

  1. Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad.
  2. Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria.
  3. Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, atención integral y reparación.
  4. Derecho a que la política pública tenga enfoque diferencial.
  5. Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización se halla dividido el núcleo familiar.
  6. Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad.

Todo lo anterior en el marco del desarrollo del principio de corresponsabilidad, mediante el cual las víctimas deberán brindar información veraz y completa a las autoridades encargadas de hacer el registro y el seguimiento de su situación o la de su hogar y hacer uso de los mecanismos de atención y reparación de acuerdo con los objetivos  para los cuales fueron otorgados.

4) AYUDA HUMANITARIA. En desarrollo del principio de solidaridad social, las víctimas de atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres, recibirán ayuda humanitaria para socorrer, asistir, proteger y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas, en el momento de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento de la misma. Esta ayuda humanitaria será prestada por las entidades públicas, dentro del marco de sus competencias y será entregada una sola vez a través de mecanismos eficaces y eficientes, asegurando la gratuidad en el trámite, para que los beneficiarios la reciban en su totalidad.

La Ley establece, para las víctimas de desplazamiento forzado, tres fases para la entrega de Atención Humanitaria que varían según su temporalidad y el contenido, de acuerdo a la condición de vulnerabilidad de cada víctima de desplazamiento.  La atención inmediata se entrega por parte de la entidad territorial receptora de nivel municipal y departamental a las personas desplazadas que se encuentran en situación de vulnerabilidad acentuada y requieren de albergue temporal y asistencia alimentaria. Será inmediata desde el momento en que se presenta la declaración, hasta cuando se realiza la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada. Una vez las personas o familias en situación de desplazamiento se encuentren incluidas en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), y según el grado de necesidad y urgencia frente a su subsistencia mínima, Acción Social entregará la  atención humanitaria de emergencia. En caso de que la población en situación de desplazamiento, incluida en el RUPD, no cuente aún con los elementos necesarios para su subsistencia mínima, pero que no presente la gravedad y urgencia que los haría destinatarios de la atención humanitaria de emergencia, se le otorgará la atención humanitaria de transición. La población desplazada accederá a esta atención, una vez demuestre que realizó las solicitudes para acceder a las ofertas de atención integral ante las entidades del SNAIPD.

5) RED NACIONAL DE INFORMACIÓN. El Gobierno Nacional diseñará un sistema de registro y control de víctimas quienes deberán registrarse en un término de cuatro años, desde el momento de la publicación oficial de la Ley, para quienes hayan sido victimizados antes de dicho momento y de dos años contados a partir de del hecho, para quienes sean victimizados después de la publicación de la Ley. Éste registro incluye la información suministrada por las víctimas y se desarrolla con el fin de que las víctimas tengan acceso a las medidas de reparación, no para definir la calidad de víctima. En lo que respecta al reconocimiento a las víctimas del desplazamiento forzado, además de las medidas adoptadas en el proyecto de Ley de víctimas, el Gobierno Nacional deberá adoptar algunas medidas específicas desde un enfoque de derechos como criterio orientador y el respeto del enfoque diferencial.

La Red Nacional de Información será el instrumento que garantizará al Sistema Nacional la información nacional y regional sobre violaciones a los derechos, identificación y diagnóstico de las circunstancias que ocasionan daño a las víctimas; permitiendo adoptar medidas para la atención inmediata y elaborar planes para la atención y reparación integral de las víctimas inscritas en el Registro Único de Víctimas.

La interoperabilidad de los sistemas de información de registro, atención y reparación a víctimas en el marco de la Red Nacional de Información será responsabilidad de la Alta Consejería Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

6) REPARACIÓN. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas por medio del diseño y la implementación de medidas de restitución, indemnización, rehabilitación satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. El proyecto de Ley de víctimas reconoce efecto reparador en los servicios sociales que atienden de forma prioritaria a la población víctima en la medida que propendan por la reparación integral de las víctimas.

En relación con los pasivos de las víctimas, las autoridades deberán tener en cuenta como medidas con efecto reparador, entre otros, los alivios especiales a la cartera morosa de impuestos de la población víctima otorgados por los Concejos Municipales o Distritales, así como programas de normalización de cartera para deudas resultado del no pago de servicios públicos domiciliarios.

Así mismo, se tomaran medidas para garantizar la reparación simbólica a favor de las víctimas o de la comunidad en general para asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas. Se implementará un programa institucional de reparación colectiva que comprenda acciones orientadas a recuperar la institucionalidad propia del Estado Social de Derecho, a recuperar y promover los derechos de las víctimas y a reconocerlas y dignificarlas. De igual manera se realizará la reparación de colectivos dirigida a redes, organizaciones, comunidades o grupos que comparten una identidad colectiva y que han sido víctimas de graves violaciones de los Derechos Humanos.

7) RESTITUCIÓN. Se entiende por restitución a las medidas que restablecen la situación en la cual se encontraban las víctimas, antes de las violaciones de sus derechos humanos. Para el caso de tierras, se adoptarán las medidas para la restitución de estas a los despojados y, en caso de no ser posible, para determinar y reconocer la compensación económica correspondiente. Las víctimas cuyas viviendas hayan sido afectadas por despojo, abandono, pérdida o menoscabo, tendrán prioridad en el acceso a programas de mejoramiento o subsidio de vivienda del Estado. En materia de asistencia crediticia, las víctimas tendrán acceso a los beneficios da tasa compensada a cargo del Estado como efecto reparador. Como medida de restitución en capacitación, el SENA dará prioridad y facilidad para el acceso de jóvenes y  adultos víctimas a sus programas de formación y capacitación técnica; así mismo el Estado diseñará programas y proyectos especiales para la generación de empleo rural y urbano con el fin de apoyar el autosostenimiento de las víctimas.

8) INDEMNIZACIÓN. Se reglamentarán los procedimientos, mecanismos y montos para conceder la indemnización individual de las víctimas por vía administrativa bajo las etapas señaladas en el Código Contencioso Administrativo, se deberá garantizar el principio constitucional del debido proceso y establecer un periodo probatorio que garantice el derecho de contradicción y los principios de Progresividad, Gradualidad y Sostenibilidad Fiscal de la Ley de víctimas. Así mismo, se creará un Comité Jurídico de Reparaciones Administrativas, integrado por 5 juristas con calidades constitucionales de magistrado de la Corte suprema de Justicia, que se basará en este procedimiento para decidir sobre la solicitud de reparación. El dictamen sobre la solicitud de reparación es de carácter obligatorio y sólo admite recurso de reposición. La autoridad judicial o administrativa  ordenará que  la indemnización sea pagada con cargo al Fondo de Reparación para las Víctimas de la Violencia.

La reparación administrativa de carácter indemnizatorio para la población en situación de desplazamiento será de ocho (8) SMMLV que se entregarán por núcleo familiar, a través de: (i) subsidio integral de tierras, (ii) permuta de predios, (iii) adquisición y adjudicación de tierras, (iv) adjudicación y titulación de baldíos, (v) subsidio de vivienda de interés social rural, en la modalidad de mejoramiento de vivienda y saneamiento Básico, (vi) subsidio de vivienda de interés social urbano en las modalidades de adquisición y construcción de vivienda nueva. La reparación administrativa será adicional al monto que, para la población no desplazada, se encuentra establecido en los mecanismos señalados en los numerales i a vii anteriores.

Cuando el Estado hubiere indemnizado administrativamente se descontarán de la condena judicial las sumas de dinero que la víctima haya recibido de cualquier entidad y que constituyan reparación.  En caso de que, después de haber reconocido la indemnización administrativa, se demostrara que la persona no tenía la calidad de víctima o beneficiario, o que lo hubiere hecho de manera engañosa o fraudulenta, se anularán las medidas de indemnización otorgadas, se solicitará el reintegro de los recursos que se hubieran reconocido y entregado por este concepto y se harán copias a la autoridad competente para la investigación a que haya lugar.

9) REHABILITACIÓN. Agrupa todas las acciones que permitan la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y psicológicos. Incluye entre otras, la readaptación, la atención médica, atención psicológica de acuerdo con las competencias y responsabilidades de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El acompañamiento psicosocial debe ser transversal al proceso de reparación y prolongarse en el tiempo de acuerdo con las necesidades de las víctimas, sus familiares y la comunidad, teniendo en cuenta la atención diferencial.

10) MEDIDAS DE SATISFACCIÓN. Las medidas de satisfacción serán aquellas acciones que proporcionen bienestar y contribuyan a mitigar el dolor de la víctima para lo cual se dará prioridad en la atención en servicios sociales del Estado, distintos a las medidas de reparación contempladas en el proyecto de Ley de víctimas.

A través del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se desarrollarán acciones que generen el restablecimiento de la dignidad de la víctima y que difundan la verdad sobre lo sucedido. Algunas de las medidas de satisfacción son: el reconocimiento público del carácter de víctima ante la comunidad y el ofensor,  la realización de actos conmemorativos, el otorgamiento de condecoraciones, la difusión pública y completa del relato de las víctimas sobre el hecho que la victimizó, la colaboración para la identificación de cadáveres y su inhumación posterior y la difusión de las disculpas y aceptaciones de responsabilidad hechas por los victimarios. Cualquiera de estas u otras medidas de satisfacción deberán desarrollarse en conjunto con la participación de las víctimas.

11) GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN. Las Garantías de No Repetición comprenden entre otras, la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley.

Algunas de las Garantías de No Repetición que se adoptarán a través del Plan Nacional  para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas son: a) la verificación de los hechos y la difusión pública y completa de la verdad judicial, b) la aplicación de sanciones a los responsables de las violaciones, c) la prevención de violaciones  de derechos humanos, d) el fortalecimiento técnico de los criterios de asignación de las labores de desminado humanitario, e) la inclusión de una sección de conocimiento de los derechos de las víctimas de violaciones en el Modelo Único Pedagógico de las Fuerzas Militares, f) la reintegración de niños que hayan participado en los grupos armados al margen de la ley, g) el diseño e implementación de estrategias, proyectos y políticas de reconciliación a nivel social e individual y h) el ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad.

12) SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. Estará constituido por todas las entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los órdenes nacionales y territoriales encargados de formular y ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas, tendientes a la atención y reparación integral de las víctimas; así como las demás organizaciones públicas o privadas que participen en las diferentes acciones de atención y reparación. Estas entidades son:

Alta Consejería Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional Vicepresidencia de la República Ministerio de Cultura
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Procuraduría General de la Nación
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación Ministerio de Hacienda y Crédito Público Archivo General de la Nación
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Ministerio de la Protección Social Defensoría del Pueblo
Programa Presidencial de Atención Integral contra minas antipersonal Ministerio de Educación Nacional Fiscalía General de la Nación
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Registraduría Nacional del Estado Civil Consejo Superior de la Judicatura
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas Departamento Nacional de Planeación SENA
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Instituto Geográfico Agustín Codazzi ICETEX
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Ministerio del Interior y de Justicia INCODER

Para el logro de los anteriores objetivos, el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las víctimas, contará con un Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, del cual hará parte el Plan Nacional de Reparación, elaborado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Este Plan será elaborado por las entidades del Sistema y se adoptará mediante documento CONPES. Mediante este Plan se adoptarán las medidas de asistencia, atención e implementación que garanticen la reparación a las víctimas, los mecanismos que faciliten asistencia legal para garantizarles el derecho a la verdad, justicia, restitución de sus derechos vulnerados y de sus bienes patrimoniales así como el derecho a la reparación integral, el acceso a planes, programas y proyectos integrales de desarrollo urbano y rural, la atención especial con enfoque diferencial, la articulación de la atención de las instituciones del nivel central y territorial y la programación de herramientas que hagan seguimiento y monitoreo al Sistema de Información.

El sistema, cuya dirección estará a cargo de la Vicepresidencia de la República, contará con dos instancias de coordinación a nivel nacional: La Dependencia Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y un Comité Consultivo. La Dependencia Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se encontrará al interior de Acción Social, será coordinada por el Vicepresidente de la República y le brindará soporte operativo para la dirección del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas; tendrá bajo su responsabilidad el coordinar y hacer seguimiento a la implementación de la Ley de víctimas, aplicar instrumentos de certificación a las entidades que conforman el sistema, coordinar la asignación y regionalización del presupuesto, conformar el Comité de Reparaciones Administrativas y ser la secretaría técnica, generar los mecanismos y estrategias para la efectiva participación de las víctimas con enfoque diferencial y administrar el Fondo para la Reparación de las Víctimas, entre otras. El Comité Consultivo, compuesto por el Comité de Coordinación Interinstitucional, diseñará las políticas y lineamientos orientados a fortalecer la capacidad de gestión del sistema y a garantizar el goce efectivo de los derechos a la verdad, justicia y reparación integral.

En el nivel territorial la instancia de articulación son los Comités Territoriales de Atención y Reparación a las Víctimas, impulsados por los gobernadores y alcaldes municipales o distritales que prestarán apoyo y colaboración al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Habrá un Fondo de Reparación para las Víctimas de la Violencia, que comprende todos los bienes o recursos que se entreguen por las personas o grupos armados organizados ilegales, por recursos provenientes del presupuesto nacional y donaciones en dinero o en especie, nacionales o extranjeras, entre otros.

13) ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO. Adicionalmente a las medidas adoptadas en la Ley de Víctimas, la atención y reparación a las víctimas del desplazamiento forzado se regirá por lo establecido a continuación, complementado con la política pública de prevención, protección y atención integral a la población desplazada establecida en la Ley 387 de 1997, el plan nacional de prevención, protección y atención integral a las víctimas del desplazamiento forzado, y demás normas que lo reglamenten. La oferta estatal dirigida a la población desplazada, siempre que sea prioritaria y prevalente, tiene carácter reparador, exceptuando la atención humanitaria inmediata, de emergencia y de transición.

El Registro Único de Población Desplazada – RUDP, herramienta que permite identificar, caracterizar y hacer seguimiento a los servicios del Estado que recibe la población en situación de desplazamiento, se mantendrá hasta tanto se realice la interoperabilidad con el Registro Único de Víctimas. Las personas víctimas de desplazamiento forzado deberán rendir declaración ante el Ministerio Público, dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del hecho que dio origen al desplazamiento, siempre y cuando estos hechos hubiesen ocurrido a partir de 1984.

La Ley establece, para las víctimas de desplazamiento forzado, tres fases para la entrega de Atención Humanitaria que varían según su temporalidad y el contenido, de acuerdo a la condición de vulnerabilidad de cada víctima de desplazamiento forzado. Estas fases son la atención inmediata, la atención humanitaria de emergencia y la atención humanitaria de transición.

Si la persona víctima de desplazamiento decide voluntariamente retornar o reubicarse, y el análisis de las condiciones de seguridad es favorable; se suscribirá un acuerdo de compromiso de permanecer en el sitio elegido por un mínimo cinco (5) años, tiempo en el cual, el Estado realizará acompañamiento integral que garantice el goce efectivo de sus derechos.

Se entenderá como cesada la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta cuando la persona víctima de desplazamiento forzado, a través de sus propios medios, o de los programas establecidos por el Gobierno Nacional, avanza en el goce efectivo de sus derechos. Una vez esto suceda, se modificará el RUPD para dejar constancia de la cesación, sin embargo, la persona cesada mantendrá su condición de víctima y conservará los derechos adicionales que se desprenden de tal situación. 

14) PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario gozarán de todos los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, con el carácter de preferente y adicionalmente tendrán derecho, entre otros a la verdad, la justicia y la reparación integral (indemnización,  rehabilitación,  satisfacción, restitución y  garantías de no repetición), a la reintegración social y económica, a la protección contra toda forma de violencia, abuso físico o mental, malos tratos o explotación, incluidos el reclutamiento ilícito, el desplazamiento forzado, las minas antipersonal y las municiones sin explotar y la violencia sexual.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como deberá diseñar los lineamientos específicos para procurar un proceso de reparación integral para los niños, niñas y adolescentes víctimas, el cual deberá estar contenido en el documento CONPES de que trata el proyecto de ley de víctimas. Los derechos de niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados deberán ser restablecidos mediante los mecanismos de la Constitución y el Código de Infancia y Adolescencia.

15) PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS. Se garantizará la participación oportuna y efectiva de las víctimas en los espacios de diseño, implementación y evaluación de la política a nivel nacional y territorial, a través de la conformación de comités consultivos de víctimas con reconocimiento en trabajo por la protección de los derechos que les asisten a las víctimas. Se contará con un comité consultivo por municipio, por departamento y uno nacional en donde se debe garantizar la participación de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, indígenas, afrocolombianos y organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, además de los alcaldes y gobernadores. Los Comités Consultivos elegirán la Mesa Municipal, la Departamental y la Nacional.

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